Opinión

A paso de tortuga

Por  Jorge Luis Lozano

A Ricardo Madrid Pérez le empiezan a calar las críticas por la lentitud con la cual se está atendiendo el problema de los desplazados en la entidad. El titular de la Sedesol considera que se está actuando a tiempo en la medida de las necesidades de las familias que lo han perdido casi todo por el asedio de grupos armados que controlan las zonas altas de Sinaloa.

No obstante, ya suman dos los llamamientos de las instancias de Derechos Humanos sobre la omisión en la que está incurriendo el Gobierno de la entidad hacia el problema de los desplazamientos.

El primero se registró en octubre del 2017, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación para el Gobierno estatal, a la fiscalía y a los alcaldes de Choix y Sinaloa de Leyva por la omisión en la atención de 2 mil 38 personas que habían dejado sus hogares en la zona rural por temor al crimen organizado. 

Más recientemente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos criticó al Gobierno estatal por la lentitud con la que se está atendiendo la demanda de vivida, alimentación y apoyos para el empleo de las familias desplazadas que se han formado ya asentamientos precarios en los municipios de la entidad.

Las necesidades de estas víctimas colaterales de la inseguridad que impera en la entidad están más que manifiestas y reiteradas: viviendas o terrenos en donde dar a sus familias una vida en situación digna, apoyo para recuperar lo que puedan en los pueblos que han abandonado y apoyos para la generación de empleos, todas justas en la medida que el gobierno estatal se ha mostrad incapaz de recuperar la tranquilidad en las zonas de las cuales han sido desplazadas. En medio de todo esto, se encuentra la partida de 30 millones de pesos asignada por el Congreso del Estado para atender el problema, pero del cual no se sabe aún nada.