Culiacán

Resistencia de autoridades y vacíos legales impiden transparencia

Especialistas entrevistados por EL DEBATE indican que las entidades públicas 
hacen caso omiso a las recomendaciones de transparencia por ley y destacan 
las brechas de cumplimiento entre los municipios y los estados

Por  Lorena Caro

Resistencia de autoridades y vacíos legales impiden transparencia

Resistencia de autoridades y vacíos legales impiden transparencia

Guasave, Sinaloa.- Mientras que en Sinaloa la ciudadanía incrementa su interés por acceder a la información pública sobre el trabajo de Ayuntamientos, partidos políticos, secretarías y paramunicipales, algunos de estos últimos se vuelven omisos ante el llamado legal. Expertos en materia anticorrupción y transparencia señalaron para EL DEBATE que la falta de respuesta a la ciudadanía o las respuestas a modo son alimentadas por vacíos legales y la resistencia que algunas autoridades tienen en mostrar el manejo de las instancias que representan.

Esta casa editorial reveló ayer en su artículo «Ayuntamiento de Mazatlán y Fiscalía General, con más solicitudes de información» la incidencia de solicitudes, respuestas y recursos a revisión que mantiene el portal de transparencia infomexsinaloa.org.mx, a cargo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip). En él, se señala que hasta junio del 2019, el Ayuntamiento de Mazatlán es la dependencia estatal que más ha recibido solicitudes de información, con 617; en segunda posición colocó a la Fiscalía General, con 570; y el Ayuntamiento de Culiacán, con 537.

Ante dichas cifras, la Ceaip explicó que la Fiscalía General del Estado recibió el mayor número de recursos de revisión, 60, que es la manera legal que tiene el ciudadano de inconformarse ante el órgano de transparencia por la falta de respuesta o una respuesta no satisfactoria a la solicitud que hizo. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional resultó ser quien menos respondió al llamado de la ciudadanía, con once solicitudes recibidas, mismas que no contestó. 

Caso omiso a la transparencia 

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, organización no gubernamental que trabaja en pro del acceso a la información en el país, indicó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México es una ley reconocida a nivel internacional por ser de avanzada. Lamentablemente —dijo—, la brecha entre la aplicación de la ley a nivel federal y el desempeño entre estados de la República y los municipios es enorme. Explicó que mientras que a nivel federal el grueso de las solicitudes de información se entregan a favor del ciudadano, en estados y municipios apenas se cumple con las obligaciones de transparencia descritas por la ley: «Muchos estados y municipios están lejos de tener buenas prácticas en transparencia proactiva, Gobierno abierto o políticas de datos abiertos», señaló. 

Al respecto, Norma Sánchez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, destacó que es importante que en el estado, tanto la sociedad civil, como académicos, organismos, universidades, entre otros, comiencen a preguntarse qué pasa con los recursos a revisión. Explicó que en Sinaloa el órgano de transparencia, en este caso la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, resuelve a favor del ciudadano dichos recursos, pero después queda la incógnita de qué pasa. 

«Esas entidades públicas que antes negaron la información o ignoraron la solicitud no respondiéndola, esas solicitudes, ¿terminan o no terminan en respuesta?», cuestionó. 
Ante esto, expresó que después de la impugnación y de que el órgano de transparencia resuelve a favor del ciudadano, hay un vacío legal que permite que, pese al recurso y a la resolución, el ciudadano siga sin tener respuesta de la entidad pública, «porque sucede que las entidades públicas hacen caso omiso a las resoluciones del órgano de transparencia», aseveró.

Sánchez agregó que es muy importante que se empiecen a empujar acciones para que la Ceaip resuelva ese vacío y que al final sí queden satisfechas la solicitudes del ciudadano. Sobre todo —dijo— que se trabaje en poner a disposición de la gente la información que antes ya ha solicitado otro ciudadano, lo cual reduciría los tiempos operativos, administrativos, que muchas veces les cuesta a las administraciones. 

Un recurrente en los estados 

Indicó que el diagnóstico elaborado por EL DEBATE visibiliza un patrón que se puede ver ahora en Sinaloa, que es el de cómo la sociedad ejerce su derecho de acceso a través de la herramienta Infomex. Sin embargo, precisó que las entidades públicas pueden o deben tener la iniciativa para practicar la transparencia proactiva: «Esto es que no solamente se sujeten a transparentar a través de una solicitud de información, porque cuando la ciudadanía solicita información, es precisamente porque la autoridad está siendo opaca», opinó. 

Respecto a las sanciones que reciben las dependencias o las instituciones que no respondan al llamado de la ciudadanía a través de los accesos a la información, ya sea en ámbitos locales o estatales, Eduardo Bohórquez, de la organización no gubernamental Transparencia Mexicana, indicó que hay una enorme resistencia de funcionarios y políticos a la transparencia. Esto a pesar de que el acceso a la información es la parte más sencilla de una estrategia anticorrupción. Asimismo, agregó que la clase política todavía no logra entender que la información es de los ciudadanos, y que los funcionarios públicos solo la administran para dar servicio a las y los mexicanos: «En términos de acceso a la información, hay todavía Gobiernos de primera y de segunda clase», sostuvo. 

El director ejecutivo de la organización civil aclaró que la transparencia no resuelve por sí misma los problemas de corrupción de un país, pero no deja de ser una de las políticas más efectivas para prevenirla. La ciudadanía —dijo— utiliza esa información incluso cuando no vive en un estado o municipio: «Eso es lo que ha permitido saber más sobre la nómina magisterial, descubrir la “estafa maestra” o evidenciar que, pese a los dichos de las autoridades, aún no pasa nada en el caso Odebrecht. La información pública también sirve para tomar buenas decisiones de Gobierno», sostuvo.