Cartones

Monumento a la deshonra

Por  Jorge Luis Lozano

En la capital del estado, la Fiscalía General lleva un lento deslinde de responsabilidades por el colapso del tiburonario del Acuario Mazatlán, que costó cerca de 80 millones de pesos y que apenas duró una semana en operaciones.

Bajo proceso se encuentran dos exfuncionarios del gobierno que encabezó Mario López Valdez: José Luis Ulloa Miranda, exjefe de seguimiento de contratos, y Armado Trujillo, exjefe de licitaciones y contratos.

Ambos son enjuiciados por el supuesto delito de la función pública en la autorización de proyectos irregulares que habrían llevado al colapso de la obra pública.

El proceso ha sido lento debido a que la defensa de Ulloa ha presentado varios recursos para diferir las audiencias.

Con ello, aún no se determina si los exfuncionarios podrán ser llevados a juicio por los delitos que se les imputan.

En tanto, el edificio, que se inundó con agua salina 38 días después de su inauguración por el alcalde panista Carlos Felton González, se mantiene asegurado por la Fiscalía General de la República, la cual lleva una investigación paralela por el caso, sin que hasta ayer se conozca su avance.

Es un caso en el que aún no se libran los exalcalde, Felton González y el también panista Alejandro Higuera Osuna y que igual involucra a empresarios constructores de Mazatlán, además de los integrantes del Consejo de Administración del Acuario que, en su tiempo, avalaron la asignación de contratos, posiblemente irregulares.

El tiburonario, que se supone sería uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad, es ahora un monumento a lo que puede provocar la corrupción de los funcionarios públicos, la complicidad de consejeros ciudadanos y la simulación de los gobernadores.